La mejora regulatoria en España: los nuevos principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las administraciones públicas

• Autor(a) principal: Casado, Lucía Casado
• Data de Publicação: 2017
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: spa
• Título da fonte: A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional
• Texto Completo: https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/473
• topic: mejora regulatoria; buena regulación; evaluación normativa; planificación normativa; consulta pública.; Direito Administrativo; Direito Constitucional

La mejora de la calidad de las normas se ha convertido, en los últimos años, en una prioridad para los países de nuestro entorno, debido, entre otros factores, a su consideración como factor estratégico para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la competitividad. La política de mejora de la regulación se ha impulsado de forma muy representativa, desde hace más de dos décadas, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y por la Unión Europea. En España, se ha desarrollado de forma más reciente y ha recibido un impulso significativo en 2015, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que incluye un nuevo Título, el VI, destinado a regular la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Este trabajo, trasexaminar la evolución de la mejora regulatoria en España, se centra en el análisis de las novedades incorporadas en esta materia por la citada Ley 39/2015. En particular, se analizan en profundidad, además de los principios de buena regulación incluidos en esta Ley (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera), los tres instrumentos de mejora regulatoria recogidos en ella: la evaluación normativa y la adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación; la planificación normativa; y la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.