Liberdade de expressão, direito à informação e redes sociais : regulação constitucionalmente adequada sobre a moderação de conteúdo na construção de um espaço virtual democrático e plural

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Fredes, Andrei Ferreira
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_RS
Texto Completo: https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10201
Resumo: Pocos temas representan un problema capaz de dar oportunidad a la investigación académica o la conversación informal en cualquier parte del mundo; uno de ellos, sin duda, es el problema de la desinformación. Después de casi seis años que el término "noticas falsas" fue considerado "palabra del año", continúa, en cualquier nivel de discusión, extremadamente actual. Ya sea en el ámbito político-electoral o en la gestión de políticas públicas, como las de hacer frente a la pandemia o las políticas para inmigrantes y refugiados, las noticias falsas siguen siendo la pieza central de la inestabilidad política, la inercia gubernamental y la sacudida democrática. No en vano, ya se ha hablado mucho sobre cómo combatir la desinformación y regular a las empresas tecnológicas y su modelo de negocio que se beneficia de la difusión de noticias falsas y la polarización social, por lo que muchos fueron congresos, seminarios, artículos y libros que buscaban dar algún sentido al problema, además de proyectos de ley y otros mecanismos regulatorios propuestos con el objetivo de responder a los riesgos de la tecnología utilizada para la manipulación y desestabilización democrática. Sin embargo, aún no se ha encontrado unidad de pensamiento sobre cómo enfrentar el problema, y es posible verificar un sinfín de propuestas en los más diversos sentidos, tanto desde el punto de vista teórico como normativo. Tras situar el problema en el primer capítulo esta tesis establece la Constitución Federal como un punto central para tomar posición sobre la regulación de las redes sociales, retomando los fundamentos establecidos por el constitucionalismo como única vía posible de ofrecer respuestas capaces de sostenerse en un régimen democrático. Así, ante el problema de la regulación constitucionalmente adecuada de las empresas tecnológicas en la moderación de contenidos, ante el problema central de la desinformación, esto significa proponer mecanismos regulatorios que se encuentren dentro de los límites constitucionales. Los capítulos segundo y tercero son los encargados de presentar esos límites, que imponen, por un lado, el deber de abstenerse del Estado imponiendo obstáculos que no pueden ser legítimamente superados; por otro, un deber de acción, impulsando al Estado a actuar, no admitiendo inercia ante las campañas de desinformación. Así, la conclusión de la primera parte es que la Constitución debe irradiar sobre la regulación de las empresas tecnológicas, y no es permisible, en un Estado democrático de Derecho, pensar en propuestas regulatorias que, incluso bien intencionadas, estén fuera de los límites constitucionales. En el segundo momento, en busca de mecanismos que puedan conformar el marco regulatorio con el fin de adaptar el desempeño de las empresas tecnológicas, nos enfrentamos a los precedentes internacionales que actualmente regulan o proponen regular el desempeño de las redes sociales en la moderación de contenidos. Así, se establecen las disposiciones que actualmente regulan la materia, tanto a nivel nacional como internacional; y, además, las propuestas actuales que buscan cambiar estos mecanismos, especialmente en el escenario de la Comunidad Europea. En conclusión, el capítulo 6 busca exponer la síntesis de lo desarrollado a lo largo de la obra, considerando que las redes sociales hoy son los espacios de primacía para el ejercicio de las libertades comunicativas, no siendo posible cualquier mecanismo que importe en la censura previa, y define el deber de establecer un marco regulatorio amplio e interconectado, agnóstico en relación con el contenido de las manifestaciones individuales, con el objetivo de condicionar la estructura de las redes, afectando la arquitectura y el funcionamiento de las plataformas sociales, con el fin de lograr los objetivos constitucionalmente establecidos de construir una sociedad plural y democrática. A la hora de concretar las posibilidades regulatorias, se sugieren cinco pilares: la búsqueda de la autenticidad de los espacios virtuales, la igualdad y garantías procesales de los usuarios, la autodeterminación en el uso de las redes, la transparencia de las empresas tecnológicas y la educación digital.
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No en vano, ya se ha hablado mucho sobre cómo combatir la desinformación y regular a las empresas tecnológicas y su modelo de negocio que se beneficia de la difusión de noticias falsas y la polarización social, por lo que muchos fueron congresos, seminarios, artículos y libros que buscaban dar algún sentido al problema, además de proyectos de ley y otros mecanismos regulatorios propuestos con el objetivo de responder a los riesgos de la tecnología utilizada para la manipulación y desestabilización democrática. Sin embargo, aún no se ha encontrado unidad de pensamiento sobre cómo enfrentar el problema, y es posible verificar un sinfín de propuestas en los más diversos sentidos, tanto desde el punto de vista teórico como normativo. Tras situar el problema en el primer capítulo esta tesis establece la Constitución Federal como un punto central para tomar posición sobre la regulación de las redes sociales, retomando los fundamentos establecidos por el constitucionalismo como única vía posible de ofrecer respuestas capaces de sostenerse en un régimen democrático. Así, ante el problema de la regulación constitucionalmente adecuada de las empresas tecnológicas en la moderación de contenidos, ante el problema central de la desinformación, esto significa proponer mecanismos regulatorios que se encuentren dentro de los límites constitucionales. Los capítulos segundo y tercero son los encargados de presentar esos límites, que imponen, por un lado, el deber de abstenerse del Estado imponiendo obstáculos que no pueden ser legítimamente superados; por otro, un deber de acción, impulsando al Estado a actuar, no admitiendo inercia ante las campañas de desinformación. Así, la conclusión de la primera parte es que la Constitución debe irradiar sobre la regulación de las empresas tecnológicas, y no es permisible, en un Estado democrático de Derecho, pensar en propuestas regulatorias que, incluso bien intencionadas, estén fuera de los límites constitucionales. En el segundo momento, en busca de mecanismos que puedan conformar el marco regulatorio con el fin de adaptar el desempeño de las empresas tecnológicas, nos enfrentamos a los precedentes internacionales que actualmente regulan o proponen regular el desempeño de las redes sociales en la moderación de contenidos. Así, se establecen las disposiciones que actualmente regulan la materia, tanto a nivel nacional como internacional; y, además, las propuestas actuales que buscan cambiar estos mecanismos, especialmente en el escenario de la Comunidad Europea. En conclusión, el capítulo 6 busca exponer la síntesis de lo desarrollado a lo largo de la obra, considerando que las redes sociales hoy son los espacios de primacía para el ejercicio de las libertades comunicativas, no siendo posible cualquier mecanismo que importe en la censura previa, y define el deber de establecer un marco regulatorio amplio e interconectado, agnóstico en relación con el contenido de las manifestaciones individuales, con el objetivo de condicionar la estructura de las redes, afectando la arquitectura y el funcionamiento de las plataformas sociales, con el fin de lograr los objetivos constitucionalmente establecidos de construir una sociedad plural y democrática. A la hora de concretar las posibilidades regulatorias, se sugieren cinco pilares: la búsqueda de la autenticidad de los espacios virtuales, la igualdad y garantías procesales de los usuarios, la autodeterminación en el uso de las redes, la transparencia de las empresas tecnológicas y la educación digital.Few themes represent a problem capable of allowing for academic research or informal conversation anywhere in the globe; one of them, no doubt, is the problem of misinformation. After almost six years that the term "fake news" was considered "word of the year", it continues, at any level of discussion, extremely current. Whether in the political-electoral sphere or in the management of public policies, such as those of dealing with the pandemic or policies for immigrants and refugees, fake news continues to be the centerpiece of political instability, government inertia and democratic unsettling. Not surprisingly, much has already been discussed about how to combat disinformation and regulate technology companies and their business model that profits from the spread of fake news and social polarization, so many were congresses, seminars, articles and books that sought to make some sense of the problem, in addition to bills and other regulatory mechanisms proposed with the aim of responding to the risks of technology used for manipulation and democratic destabilization. However, no unity of thought has yet been found on how to face the problem, and it is possible to verify a myriad of proposals in the most diverse senses, both from the theoretical and normative point of view. After placing the problem in the first chapter, and from these findings, this thesis establishes the Federal Constitution as a central point for taking a position on the regulation of social networks, resuming the foundations established by constitutionalism as the only possible way to offer answers capable of sustaining itself in a democratic regime. Thus, when facing the problem of constitutionally adequate regulation of technology companies in content moderation, in view of the central problem of disinformation, this means proposing regulatory mechanisms that are within constitutional limits. The second and third chapters are responsible for presenting those limits, which impose, on the one hand, a duty to refrain, by the State, of imposing obstacles which cannot be held on constitutional grounds; on the other hand, a duty of action, impelling the State to act, not admitting inertia in the face of disinformation campaigns. Thus, the conclusion of the first part is that the Constitution must radiate on the regulation of technological companies, and it is not permissible, in a Democratic State of Law, to think about regulatory proposals that, even when well-intentioned, are out of constitutional boundaries. In the second moment, in search of mechanisms that can make up the regulatory framework in order to adapt the performance of technology companies, we face the international precedents that currently regulate or propose to regulate the performance of social media in content moderation. Thus, the provisions currently regulating the matter are laid down, both nationally and internationally; and, furthermore, the current proposals that seek to change these mechanisms, especially in the European Community scenario. In conclusion, chapter 6 seeks to expose the synthesis of what has developed throughout the work, considering that social networks today are the most important spaces for the exercise of communicative freedoms, denying the possibility of any mechanisms that import in prior censorship, and defines the duty of establishing a broad and interconnected regulatory framework, agnostic in relation to the content of individual manifestations, with the objective of conditioning the structure of networks, affecting the architecture and functioning of social platforms, in order to achieve the constitutionally established objectives of building a plural and democratic society. When specifying regulatory possibilities, five pillars are suggested: the search for the authenticity of virtual spaces, the equality and procedural guarantees of users, self-determination in the use of networks, the transparency of technology companies and digital education.Poucas temáticas representam um problema capaz de ensejar uma pesquisa acadêmica ou uma conversa informal em qualquer lugar do globo; uma delas, sem dúvida, é o problema da desinformação. Passados quase seis anos que o termo “fake news" foi considerado “palavra do ano”, ele continua, em qualquer nível de discussão, extremamente atual. Seja no âmbito político-eleitoral ou na gestão de políticas públicas, como nas de enfrentamento à pandemia ou de políticas para imigrantes e refugiados, as notícias falsas continuam sendo peça central de instabilidade política, inércia governamental e abalo democrático. Não surpreende que muito já tenha sido discutido sobre como combater a desinformação e regular as companhias tecnológicas e seu modelo de negócios que lucra com a propagação de notícias falsas e polarização social, por isso, muitos foram os congressos, seminários, artigos e livros que buscaram dar algum sentido ao problema, além de projetos de lei e de outros mecanismos regulatórios propostos com o objetivo responder aos riscos da tecnologia utilizada para manipulação e desestabilização democrática. Entretanto, ainda não foi encontrada unidade de pensamento sobre como enfrentar o problema, sendo possível verificar uma miríade de propostas nos mais diversos sentidos, tanto do ponto de vista teórico quanto normativo. Após colocar o problema no capítulo primeiro, e a partir dessas constatações, a presente tese estabelece a Constituição Federal como ponto central para a tomada de posição sobre a regulação das redes sociais, retomando as fundações estabelecidas pelo constitucionalismo como único caminho possível de oferecer respostas capazes de se sustentar em um regime democrático. Assim, quando se enfrenta o problema de uma regulação constitucionalmente adequada das companhias tecnológicas na moderação de conteúdo, tendo em vista o problema central da desinformação, significa propor mecanismos regulatórios que estejam dentro dos limites constitucionais. Os capítulos segundo e terceiro se encarregam de apresentar esses limites, que impõem, de um lado, um dever de abstenção do Estado, ao impor obstáculos que não se pode legitimamente transpor; de outro, um dever de ação, impelindo o Estado a agir, não admitindo a inércia frente às campanhas de desinformação. Dessa forma, a conclusão da primeira parte é que a Constituição deve irradiar-se sobre a regulação das companhias tecnológicas, não sendo admissível, em um Estado Democrático de Direito, pensar em propostas regulatórias que, mesmo bem-intencionadas, desbordem dos limites constitucionais. No segundo momento, em busca de mecanismos que possam compor o framework regulatório e adequar a atuação das companhias tecnológicas, encara-se os precedentes internacionais que atualmente regulam ou se propõem a regular a atuação das mídias sociais na moderação de conteúdo. Assim, colocam-se as disposições que atualmente regulam a matéria, tanto em âmbito nacional quanto internacional; e, ainda, as atuais propostas que buscam alterar esses mecanismos, especialmente no cenário comunitário europeu. A concluir, o capítulo sexto busca expor a síntese do que se desenvolveu ao longo da obra, considerando que as redes sociais atualmente são os espaços de primazia para exercício das liberdades comunicativas, veda-se a possibilidade de quaisquer mecanismos que importem em censura prévia, e define-se o dever de estabelecimento de um marco regulatório amplo e interconectado, agnóstico em relação ao conteúdo das manifestações individuais, com o objetivo de condicionar a estrutura das redes, afetando a arquitetura e funcionamento das plataformas sociais, a fim de alcançar os objetivos constitucionalmente estabelecidos de construção de uma sociedade plural e democrática. Ao especificar as possibilidades regulatórias, sugere-se cinco pilares: a busca pela autenticidade dos espaços virtuais, a igualdade e garantias processuais dos usuários, a autodeterminação no uso das redes, a transparência das companhias tecnológicas e a educação digital.Submitted by PPG Direito (ppgdir@pucrs.br) on 2022-05-05T13:09:09Z No. of bitstreams: 1 ANDREI_FERREIRA_FREDES_TES.pdf: 2397268 bytes, checksum: 47342f20585672d48f8b25406a557a43 (MD5)Approved for entry into archive by Sheila Dias (sheila.dias@pucrs.br) on 2022-05-09T19:56:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ANDREI_FERREIRA_FREDES_TES.pdf: 2397268 bytes, checksum: 47342f20585672d48f8b25406a557a43 (MD5)Made available in DSpace on 2022-05-09T20:14:00Z (GMT). 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